LAURA VILLENA SERVICIO ESPECIAL BRUSELAS.La Comisión Europea ha dado muchas oportunidades a España durante los últimos años para que modifique las normas estatales y catalanas que regulan el establecimiento de superficies comerciales. Tras las muchas advertencias para acabar con leyes que considera «restrictivas y complejas», y ante la vaga reacción de ambos Gobiernos, Bruselas anunció ayer que llevará el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.
La Comisión Europea considera que los criterios que se exigen a nivel estatal y en la Comunidad de Cataluña para la apertura de establecimientos comerciales atentan contra la libertad de establecimiento recogida en el Tratado europeo. El pasado 23 de octubre exigió por ello «la eliminación de todos los obstáculos al libre establecimiento de los servicios de distribución», petición que ambas autoridades desoyeron.
Ahora, el Ejecutivo comuninitario se dispone a enfrentarse a España ante la Justicia europea y a denunciar definitivamente que la construcción de complejos comerciales en España está sujeta a procedimientos de autorización y a la presentación de una serie de documentos de planificación (en el caso catalán) «claramente limitativos».
La Comisión Europea argumentará en Luxemburgo asimismo que en España se exigen «procedimientos particularmente complejos y restrictivos» que dificultan la llegada de nuevos establecimientos comerciales a determinadas zonas bajo el argumento de que ello podría tener un gran impacto sobre los pequeños comercios que ya existen en ese área, o a través del cuestionamiento de la necesidad del complejo comercial.
Además, la Comisión Europea denuncia que los criterios exigidos son «insuficientemente previsibles y objetivos» y que en el caso de Cataluña se permite incluso que sean los propios afectados o los representantes de los intereses económicos de la zona los que intervengan en el proceso de toma de decisiones.
La Comisión Europea considera que los criterios que se exigen a nivel estatal y en la Comunidad de Cataluña para la apertura de establecimientos comerciales atentan contra la libertad de establecimiento recogida en el Tratado europeo. El pasado 23 de octubre exigió por ello «la eliminación de todos los obstáculos al libre establecimiento de los servicios de distribución», petición que ambas autoridades desoyeron.
Ahora, el Ejecutivo comuninitario se dispone a enfrentarse a España ante la Justicia europea y a denunciar definitivamente que la construcción de complejos comerciales en España está sujeta a procedimientos de autorización y a la presentación de una serie de documentos de planificación (en el caso catalán) «claramente limitativos».
La Comisión Europea argumentará en Luxemburgo asimismo que en España se exigen «procedimientos particularmente complejos y restrictivos» que dificultan la llegada de nuevos establecimientos comerciales a determinadas zonas bajo el argumento de que ello podría tener un gran impacto sobre los pequeños comercios que ya existen en ese área, o a través del cuestionamiento de la necesidad del complejo comercial.
Además, la Comisión Europea denuncia que los criterios exigidos son «insuficientemente previsibles y objetivos» y que en el caso de Cataluña se permite incluso que sean los propios afectados o los representantes de los intereses económicos de la zona los que intervengan en el proceso de toma de decisiones.
ABC, Viernes 4_4_2008
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