
Los españoles tenemos unos de los peores hábitos de pago de la UE. El 90% de las empresas sufre retrasos en los cobros o tiene problemas financieros derivados de la morosidad. De media se tardan 92 días en realizar el pago en una operación comercial. Solamente Portugal y Grecia nos superan con 99 y 105 días respectivamente.
Estos plazos nos sitúan, sin embargo, a años luz de la seriedad nórdica, que lidera el ránking europeo. En Finlandia, el plazo medio de pago es de 26 días, el de Noruega 27 y el de Suecia 34 días.
La deuda derivada por morosidad en España superó en 2007 los 20.000 millones de euros.
Un buen conocedor de este fenómeno es el morosólogo Pere J. Brachfield, quien, en su última obra, Memorias de un cazador de morosos, rompe con el mito de que la morosidad obedece casi en exclusiva a la coyuntura económica. Lógicamente, un enfriamiento de la actividad económica, como el actual, es determinante para que las empresas utilicen una dilatación de los plazos de pago como un elemento sustitutivo del crédito bancario. Pero este experto considera que conviene tener en cuenta otras causas, como la actitud de algunas grandes empresas de prolongar deliberadamente los plazos de pago aprovechando una posición dominante. Otro factor es el cultural, por el que pagar tarde y mal se ha convertido en un comportamiento generalizado.
El camino de la Justicia
Pero si el pago se retrasa y ocasiona importantes costes financieros, acudir a la Justicia significa abrir un proceso largo y costoso y, en la mayoría de los casos poco efectivo.
Esta es la razón principal, según Brachfield, por la que tanto en España como en Italia el acreedor no se siente incentivado a acudir a los tribunales. Precisamente por ello, el 76% de las empresas opta por una gestión amistosa para cobrar y tan sólo del 0,5% de las empresas acude a la vía judicial. Si la gestión amistosa fracasa, sólo el 23% de las empresas acude a los tribunales.
Otra práctica habitual en el trámite de facturas impagadas es la búsqueda de acuerdos amistosos a cualquier precio, con reducciones, fraccionamientos o incluso pago en especie.
En la UE, las principales causas de morosidad son las dificultades financieras en un 23% de los casos, la intencionalidad, es decir retrasar el pago a propósito para sacar beneficio propio, en un 35%, la ineficacia administrativa en un 17%, mientras que por litigios comerciales en un 7% de las operaciones. En el caso español, la intencionalidad es la primera causa de la morosidad en el 62% de los casos de impago, en conexión con el mal funcionamiento de la Justicia.
Quedan lejos los tiempos en los que la palabra era ley para garantizar la buena operativa comercial. No pagar una deuda era sinónimo de quedar proscrito para la sociedad, ahora ya la picaresca se ha adueñado de una parte del mundo de los negocios. En Europa, los retrasos en el pago generan unos 90.000 millones de euros de deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro. Pero no pagar una factura implica detrás otra serie de gastos financieros cuya cuantía puede alcanzar anualmente los 10.000 millones de euros, sin mencionar los problemas de pérdida de empleo que pueden generarse a una compañía de reducido tamaño, lo que puede resultar definitivo para una economía como la española, donde el 99,9% de su tejido empresarial son pymes e incluso micro empresas.
Imagen: La Gaceta de los Negocios
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