MIGUEL PORTILLA. MADRID.
Una de las medidas estrella del paquete aprobado ayer por el Gobierno para estimular el crecimiento económico y ayudar a las familias en apuros tiene una trampa que ayer no se aclaró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se trata de la supuesta medida universal para que todas las personas físicas que lo deseen puedan ampliar el plazo de la hipoteca de su primera vivienda sin tener que pagar los gastos que conlleva. En realidad, es universal porque no tiene límite de renta a la que aplicarse, pero es discrecional porque la banca sólo la aplicará a aquellos clientes que considere conveniente.
Es decir, los bancos y las cajas de ahorros aplicarán esta medida a aquellos buenos clientes que estén pasando ciertos apuros económicos y que, por tanto, quieran ver reducida la cantidad que mensualmente pagan a esas entidades. No lo harán, sin embargo, con los que prevean que sus problemas de morosidad no van a ser coyunturales, sino permanentes.
Medida discrecional
En un principio, el Gobierno se había comprometido a que sólo aquellas familias que pasaran apuros económicos pudieran ampliar el plazo de sus hipotecas. Posteriormente, se decidió que la medida tuviera carácter «universal» al darse cuenta de que los costes que se derivaban de averiguar quiénes son los que realmente la necesitan y los que no, no compensaban de ninguna manera. La medida entrará en vigor en mayo, y será de carácter temporal, pues tendrá una duración de dos años, es decir, hasta mayo de 2010.
Durante este periodo, las entidades financieras asumirán el coste de eliminar la comisión del 0,1% que ahora cobran a los clientes que deciden aplazar sus hipotecas.
Asimismo, en el real decreto-ley aprobado ayer se incluye la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones y promoverá con urgencia la negociación de acuerdos y medidas oportunas para eliminar también los gastos registrales y notariales que conllevan.
En concreto, para una hipoteca de 150.000 euros, la ampliación del plazo de amortización tendría un coste total aproximado de 328 euros, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Más intereses a pagar
No obstante, hay que hacer constar que la ampliación de esos plazos conlleva una cantidad mayor de intereses a pagar. Es más, hasta hace bien poco, el Gobierno desaconsejaba que hubiera hipotecas a plazos muy largos.
La puesta en marcha de la medida ha sido posible tras el pacto alcanzado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, con los máximos respresentantes de la banca, aunque, como precisaba ayer el Ejecutivo, todavía no existe un compromiso definitivo.
Una de las medidas estrella del paquete aprobado ayer por el Gobierno para estimular el crecimiento económico y ayudar a las familias en apuros tiene una trampa que ayer no se aclaró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se trata de la supuesta medida universal para que todas las personas físicas que lo deseen puedan ampliar el plazo de la hipoteca de su primera vivienda sin tener que pagar los gastos que conlleva. En realidad, es universal porque no tiene límite de renta a la que aplicarse, pero es discrecional porque la banca sólo la aplicará a aquellos clientes que considere conveniente.
Es decir, los bancos y las cajas de ahorros aplicarán esta medida a aquellos buenos clientes que estén pasando ciertos apuros económicos y que, por tanto, quieran ver reducida la cantidad que mensualmente pagan a esas entidades. No lo harán, sin embargo, con los que prevean que sus problemas de morosidad no van a ser coyunturales, sino permanentes.
Medida discrecional
En un principio, el Gobierno se había comprometido a que sólo aquellas familias que pasaran apuros económicos pudieran ampliar el plazo de sus hipotecas. Posteriormente, se decidió que la medida tuviera carácter «universal» al darse cuenta de que los costes que se derivaban de averiguar quiénes son los que realmente la necesitan y los que no, no compensaban de ninguna manera. La medida entrará en vigor en mayo, y será de carácter temporal, pues tendrá una duración de dos años, es decir, hasta mayo de 2010.
Durante este periodo, las entidades financieras asumirán el coste de eliminar la comisión del 0,1% que ahora cobran a los clientes que deciden aplazar sus hipotecas.
Asimismo, en el real decreto-ley aprobado ayer se incluye la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones y promoverá con urgencia la negociación de acuerdos y medidas oportunas para eliminar también los gastos registrales y notariales que conllevan.
En concreto, para una hipoteca de 150.000 euros, la ampliación del plazo de amortización tendría un coste total aproximado de 328 euros, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Más intereses a pagar
No obstante, hay que hacer constar que la ampliación de esos plazos conlleva una cantidad mayor de intereses a pagar. Es más, hasta hace bien poco, el Gobierno desaconsejaba que hubiera hipotecas a plazos muy largos.
La puesta en marcha de la medida ha sido posible tras el pacto alcanzado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, con los máximos respresentantes de la banca, aunque, como precisaba ayer el Ejecutivo, todavía no existe un compromiso definitivo.
ABC, Sábado 19_4_2008
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