miércoles, 16 de abril de 2008

Un error en la ley regional permite subir el precio de los pisos protegidos

JAVIER S. DEL MORAL - Madrid -
La decisión de la Comunidad de Madrid de elevar hasta un 30% el precio de las viviendas protegidas está causando más de un dolor de cabeza a los adjudicatarios de estos pisos. Sobre todo para los que se edificarán en nuevos barrios promovidos por administraciones públicas, como Los Molinos-Buenavista, en Getafe; Los Espartales, en Alcalá, o Móstoles Sur. A pesar de que la Consejería de Vivienda lleva una semana asegurando que los pisos construidos en suelo público, no se verán afectados por esta subida, varias promotoras de estos barrios aseguran que subirán los precios para acogerse a la nueva norma regional. Existe una contradicción entre lo que dice Vivienda y la literalidad de la ley.
Mientras que la Comunidad apela al "espíritu de la ley" para impedir que suban cualquiera de los pisos que ya han sido adjudicados, o aquellas construidas en suelo público, las promotoras se acogen a la literalidad de la ley para encarecer las viviendas protegidas. Un error en la redacción de la ley, o al menos una falta de concisión, parece tener la culpa. La redacción de la norma dice que la subida de precios sólo se podrá aplicar en viviendas que no hayan solicitado la calificación de protección pública antes de la entrada en vigor de la orden. Pero muchas promotoras, aprovechando el resquicio legal, han retrasado esta calificación hasta la entrada en vigor de la norma regional para beneficiarse de la subida. Algunas incluso ya habían adjudicado las viviendas. Algunos propietarios han visto cómo su promotora encarece su piso un 30%.
La constructora Atrium edificará 105 viviendas protegidas en el barrio Móstoles Sur. La semana pasada envió una carta a sus adjudicatarios, que ya han firmado un contrato de reserva, en la que se establecen los nuevos precios de sus casas que van desde los 214.500 a los 276.600 euros. Atrium precisa que ha calculado los precios según el módulo vigente aprobado el pasado 1 de abril por el Gobierno regional.
La propia empresa reconoció ayer a este periódico que conoce la postura de la Comunidad respecto al alza de los precios, aunque insiste en que la orden da luz verde a la subida. "No hay otra comunicación con rango de ley salvo la orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", explicó una portavoz de la empresa. Ésta agregó que Atrium no ha solicitado por el momento la calificación provisional para vivienda protegida, un permiso especial que otorga la Comunidad para estos pisos.
La polémica parece estar servida, dado que Vivienda reconoce que "no todas" las promotoras han solicitado dicha calificación. La respuesta de muchas constructoras es simple: al no haberse solicitado ni siquiera el permiso a la Comunidad de Madrid, el incremento es de aplicación. Pero Vivienda insiste en que si las viviendas ya han sido adjudicadas no pueden subir los precios.
Un portavoz de Vivienda anima a los adjudicatarios que pudieran verse afectados por este encarecimiento a denunciar la situación. "En ese caso abriríamos un expediente a la empresa que aplique subidas", precisa.
"Muchos hemos contactado con las promotoras, pero ninguna es clara y nos dicen que pueden aplicar la subida", explica Irene Ros, una de las adjudicatarias de viviendas en Móstoles Sur. Como ella, decenas de afectados por una posible subida en el precio final de sus viviendas han puesto en marcha una campaña informativa con el objetivo de organizarse e incluso protagonizar movilizaciones. "No puede ser que, de la noche a la mañana, veamos que unos pisos que íbamos a comprar por 170.000 euros nos cuesten ahora más de 200.000", agrega Ros.
El Ayuntamiento de Getafe anunció ayer que enviará un comunicado a todas las cooperativas y promotoras de los barrios de Buenavista y Los Molinos instándoles a no subir los precios.

Vecinos de Alcalá protestan ante el alcalde por el alza de las casas
AMAYA IZQUIERDO - Alcalá -
"Si me suben el piso un 25%, se quedan con él", aseguraba ayer Jesús, un alcalaíno de 27 años que ha reservado uno protegido en el nuevo barrio de Espartales Norte, en Alcalá de Henares. Según los precios iniciales, su vivienda de 89 metros cuadrados costaría 220.000 euros. Si su promotora aplica la subida anunciada por el Gobierno regional a principios de mes, podría superar los 270.000. "La promotora nos da largas", añade Carmen. "Nos ha escrito diciendo que se reserva la posibilidad de subir los precios, que están estudiando si aplicar el porcentaje de subida que propuso la Comunidad".
La alarma entre los vecinos de Espartales Norte es tal que ayer por la mañana más de medio centenar de personas se presentaron en el pleno municipal para exigir al alcalde, Bartolomé González, que les garantice que la promoción no resultará afectada por la subida.
La Consejería de Vivienda asegura que las promociones protegidas ubicadas en suelos públicos no se verán afectadas por los nuevos precios. Pero fuentes jurídicas consultadas ayer por EL PAÍS explicaron que, según la norma publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podría aplicarse la subida en aquellas promociones en las que no se haya solicitado la calificación provisional. Las mismas fuentes precisan que la aplicación de la norma sólo depende, en este caso, de cuándo se haya solicitado la calificación provisional. Los vecinos de Espartales Norte explicaron ayer que sus constructoras les aseguran que no han solicitado aún dicha calificación. Algunos, ya han recibido una carta que les notifica la subida.
Otros, como José Antonio Ginzo, ya han firmado con el precio nuevo. Según el contrato de preventa que ha firmado con la promotora Fercler, el precio del módulo de la vivienda protegida que reserva ya se acoge a la subida anunciada por el Gobierno regional, que en esta zona alcanza los 1.970,80 euros. Lo firmó en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) la semana pasada.
"Menos boca y más BOCAM", rezaban ayer las pancartas de las decenas de personas que se presentaron en el pleno de Alcalá. Los vecinos alzaron la voz para presionar al gobierno local. Los echaron de la sala. Una vez concluida la sesión, lograron hablar con el alcalde, Bartolomé González (PP), quien, según explican los vecinos, les concedió una reunión más adelante y aseguró que la Comunidad de Madrid había enviado una carta a las promotoras para explicarles la orden. "Hemos llamado a las promotoras", explicaba Carmen, "y nos han dicho que, aunque la Comunidad mande la carta, si no está publicado en el BOCAM tienen derecho a aplicar la subida porque la carta no tiene ninguna validez".


EL PAÍS, Miércoles 16 de abril de 2008

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