C. P.MADRID- La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación para analizar las ofertas de créditos rápidos y reunificación de deudas que vienen proliferando en los últimos meses, muchas de las cuales son lanzadas por empresas que intermedian entre el consumidor y las entidades financieras. El objetivo es examinar estas ofertas e identificar aquellas que pudieran vulnerar los derechos de los consumidores por emplear prácticas ilegales, como publicidad engañosa o cláusulas abusivas.
La directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, explicó que esta actuación se lleva a cabo «de oficio» para defender a personas que pueden estar pasando momentos delicados desde el punto de vista económico y que ven en los créditos rápidos una salida fácil. «En ocasiones, la publicidad es tan agresiva que no respeta los derechos básicos del consumidor a obtener una información de la oferta ajustada a la realidad, lo que nos ha llevado a actuar», señaló Martínez de Sola.
La Dirección General de Consumo detectó indicios de irregularidades en algunas ofertas y decidió abrir una investigación para, en su caso, incoar expediente sancionador a las sociedades que estén incumpliendo la legislación de protección al consumidor. En este sentido, se están analizando tanto los anuncios y folletos como los contratos en busca de cláusulas abusivas.
Entre los clientes del sector de los créditos rápidos hay una importante presencia de inmigrantes, a quienes la legislación vigente protege de manera especial. La Dirección General de Consumo recomienda no dejarse llevar por lo que promete la publicidad, sino analizarla, y reunir la máxima información sobre el crédito que se va a pedir, leyendo bien la letra pequeña.
También es importante fijarse en el tipo de interés nominal anual y la Tasa Anual Equivalente (TAE), no mensuales, tanto del primer año como de los siguientes; los años de plazo para devolver el préstamo, ya que cuantos más años, más intereses se pagan y el dinero total a devolver es mayor; las comisiones de apertura y cancelación, tanto parcial como total; los intereses en caso de no pagar alguna cuota; los gastos de gestión de la empresa intermediaria que hace la oferta; y los gastos de notaría y registro, informó Ep.
LA RAZÓN, Lunes 7 de abril de 2008
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