M. J. ÁLVAREZ
MADRID. La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha detectado la actuación fraudulenta de dos compañías que, supuestamente, se encargaban de revisar la instalación y el mantenimiento de gas, tanto embotellado como canalizado. A las dos entidades se les ha abierto sendos expedientes por presunta actividad ilegal, ya que no pertenecen a ninguna empresa autorizada. Una de ellas la sido llevada a los tribunales, para que sean estos los que determinen si ha incurrido en delito. Con la otra no se ha podido hacer, dado que ya no existe.
Ambas actuaban del mismo modo. Solían presentarse en los domicilios de improviso y sin avisar, sobre todo por las mañanas, aprovechando el momento en que sólo había personas de edad avanzada. Con la excusa de realizar la inspección obligatoria, les exigían cantidades que oscilaban entre los 50 y los cien euros. Si el sorprendido usuario protestaba, les intimidaban con cortarles el suministro o con imponerles una multa por negarse al chequeo. Así lo denunció ayer el consejero de Economía y Consumo, Diego Merry del Val y la directora del ramo, Carmen Martínez de Sola.
«Se ha detectado incluso el caso de una empresa que amenazaba al usuario con una supuesta multa de las autoridades de consumo si no se le dejaba trabajar en la instalación», dijo Merry. Además, las revisiones estaban mal hechas, indicó Martínez de Sola.
Ambos responsables quisieron alertar ayer a los consumidores de estas prácticas fraudulentas, que comenzaron a detectarse a finales de año. Primero, en forma de goteo, y poco después de avalancha, lo que llevó a interponer los expedientes citados.
MADRID. La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha detectado la actuación fraudulenta de dos compañías que, supuestamente, se encargaban de revisar la instalación y el mantenimiento de gas, tanto embotellado como canalizado. A las dos entidades se les ha abierto sendos expedientes por presunta actividad ilegal, ya que no pertenecen a ninguna empresa autorizada. Una de ellas la sido llevada a los tribunales, para que sean estos los que determinen si ha incurrido en delito. Con la otra no se ha podido hacer, dado que ya no existe.
Ambas actuaban del mismo modo. Solían presentarse en los domicilios de improviso y sin avisar, sobre todo por las mañanas, aprovechando el momento en que sólo había personas de edad avanzada. Con la excusa de realizar la inspección obligatoria, les exigían cantidades que oscilaban entre los 50 y los cien euros. Si el sorprendido usuario protestaba, les intimidaban con cortarles el suministro o con imponerles una multa por negarse al chequeo. Así lo denunció ayer el consejero de Economía y Consumo, Diego Merry del Val y la directora del ramo, Carmen Martínez de Sola.
«Se ha detectado incluso el caso de una empresa que amenazaba al usuario con una supuesta multa de las autoridades de consumo si no se le dejaba trabajar en la instalación», dijo Merry. Además, las revisiones estaban mal hechas, indicó Martínez de Sola.
Ambos responsables quisieron alertar ayer a los consumidores de estas prácticas fraudulentas, que comenzaron a detectarse a finales de año. Primero, en forma de goteo, y poco después de avalancha, lo que llevó a interponer los expedientes citados.
Alerta a los consumidores
El ámbito de actuación de las dos falsas compañías era toda la Comunidad de Madrid, ya que hay reclamaciones y quejas en Oficinas Municipales de Información al Consumidor de distintos ayuntamientos y en el de la capital.
Merry del Val alertó a los madrileños para que desconfíen de quienes llamen a sus domicilios sin previo aviso para hacer una inspección bajo la amenaza de un corte o una multa si no acepta la revisión. Los dos políticos aconsejaron a los usuarios que, de presentarse algún empleado en sus domicilios de súbito, telefoneen a las compañías abastecedoras y verifiquen si son oficiales. Las revisiones se efectúan cada cinco años y, en el caso del gas canalizado, la empresa lo comunica con anterioridad y así se hace constar a la comunicad de vecinos, que coloca un cartel para conocimiento de los residentes. En el caso de que no sea posible, se concertará una segunda cita.
Respecto al gas embotellado es el usuario quien la solicita y contacta con un instalador o responsable de mantenimiento oficial.
El objetivo de las revisiones es comprobar que las zonas comunes y las particulares cumplen con las condiciones de seguridad establecidas por la ley: zona estanca o aislada para el aparato receptor, verificación de su estado de conservación, combustión y evacuación de los productos emanados -rejillas de ventilación y resto de elementos-.
Merry del Val y Martínez de Sola recomendaron a los madrileños reclamar en caso de que hayan sido víctimas de alguna de las empresas citadas. Ayer, la Comunidad de Madrid notificó los hechos a otras regiones para comprobar y/o evitar que se produzcan actuaciones similares por parte de las dos entidades sancionadas o de otras distintas.
Además las inspecciones técnicas deben realizarse siempre por empresas homologadas y reconocidas.
ABC, Martes 4 de marzo de 2008
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