Las patatas fritas 'de bolsa' tienen de media un 34% de grasa

EFE

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama a la Administración que modernice una legislación "permisiva" que autoriza el uso de cualquier tipo de grasa comestible y que sea obligatorio declarar qué grasa lleva cada producto alimenticio.
Esta petición se desprende de un estudio realizado por la OCU sobre el tipo y cantidad de grasa que llevan 49 productos elaborados de bollería y repostería, galletas, aperitivos, pan, salsas y patatas fritas que apunta que el 52% de los alimentos analizados contiene grasas poco saludables y sólo el 20% informa en su etiqueta del tipo de grasa que contiene.

La OCU denuncia que una legislación permisiva y anticuada permite a los fabricantes utilizar cualquier tipo de grasa que sea comestible, es más esta legislación no les obliga a mencionar en la etiqueta de qué grasa se trata. La organización de consumidores destaca que los fabricantes pueden utilizar la mención "aceites vegetales", en la que cabe desde el aceite de oliva hasta el de coco. Dentro de los productos analizados por la OCU destaca la cantidad de grasa detectada en las patatas fritas, con un 34% de media, y los aperitivos y la bollería no se quedan atrás, ya que el contenido de grasa medio es un 24%.

Galletas con demasiado colesterol
El estudio ha detectado la utilización de grasas saturadas en los productos analizados, que aumentan los niveles de colesterol LDL (malo) en sangre, contribuyendo al desarrollo de arteriosclerosis, y denuncia como "lamentable" el caso de unas galletas que llevan un 94% de este tipo de grasa o un aperitivo con un 74% de grasas saturadas. Ante esta situación la OCU reclama a los fabricantes que cuiden más la calidad de las grasas que utilizan en todos sus productos, sobre todo en alimentos de consumo habitual como las galletas. Además pide a la Administración que modernice la legislación que permite utilizar cualquier tipo de grasa comestible y que sea obligatorio declarar qué grasa lleva cada producto, porque el consumidor tiene derecho a esta información, ya que no todos los aceites vegetales provocan el mismo efecto sobre la salud. Argumenta también la necesidad de esta legislación en que si se produjera otra alerta sanitaria, como en el reciente caso del aceite de girasol, no sería posible identificar los productos que contienen un determinado ingrediente.

PÚBLICO, Martes 27 de mayo de 2008