ABC MADRID
El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los ministerios de Sanidad y Consumo, Industria, Turismo y Comercio, Justicia y Economía y Hacienda, del anteproyecto de ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal para incrementar la seguridad de los consumidores.
El anteproyecto es el primer paso para transponer la directiva comunitaria del Parlamento Europeo, relativa a prácticas comerciales desleales, como el «spam» telefónico o la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono u otros medios de comunicación.
Además de aumentar la seguridad de los consumidores, el anteproyecto pretende proporcionar seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado frente a todas aquellas que realizan prácticas contrarias a la buena fe, carentes de diligencia profesional y que distorsionen de manera significativa el comportamiento económico del consumidor, según explica el Gobierno.
Así, el texto considera que pueden alterar el comportamiento económico de los consumidores las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación pueda inducir a error a los destinatarios en asistencia postventa o reclamaciones.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los ministerios de Sanidad y Consumo, Industria, Turismo y Comercio, Justicia y Economía y Hacienda, del anteproyecto de ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal para incrementar la seguridad de los consumidores.
El anteproyecto es el primer paso para transponer la directiva comunitaria del Parlamento Europeo, relativa a prácticas comerciales desleales, como el «spam» telefónico o la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono u otros medios de comunicación.
Además de aumentar la seguridad de los consumidores, el anteproyecto pretende proporcionar seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado frente a todas aquellas que realizan prácticas contrarias a la buena fe, carentes de diligencia profesional y que distorsionen de manera significativa el comportamiento económico del consumidor, según explica el Gobierno.
Así, el texto considera que pueden alterar el comportamiento económico de los consumidores las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación pueda inducir a error a los destinatarios en asistencia postventa o reclamaciones.
ABC, SABADO 30_8_2008
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