¡Cuidado con endeudarse mal!

PIEDAD OREGUI - Madrid - 16/03/2007

El señor Andrés Pérez, un operador de telecomunicaciones de 40 años, casado y con unos ingresos mensuales de 2.200 euros, asegura respirar tranquilo. “Hasta hace poco”, explica, “pagaba más de 1.100 euros al mes por mis deudas: una hipoteca, dos préstamos personales y otro para financiar el coche. No llegaba a fin de mes. Tirar de tarjeta era cada vez más difícil y, sobre todo, más caro”.Pérez optó por la reunificación de deudas (contratar un nuevo préstamo hipotecario, con mayor importe y generalmente con un plazo más amplio, y cancelar todos los préstamos vigentes) tras comprobar que en el banco no obtenía respuesta. “La verdad es que ya tenía algunos impagados”, señala. “¿El resultado? He firmado una nueva hipoteca, con un plazo más amplio y de mayor importe,pero pago al mes poco más de 560 euros y he conseguido 1.700 euros de liquidez adicional”. Pérez dice estar encantado. “Claro que he tenido que pagar los gastos de cancelación de mi primera hipoteca y los de apertura de la segunda, una comisión a mi intermediario (del 2%) pero he solucionado mi problema”, asegura este ciudadano, que prefiere utilizar un nombre ficticio.
Ésta es una reunificación de deudas con final feliz. Pero no todas son iguales. Ni siquiera parecidas. Para empezar, no todos los intermediarios cobran comisiones del 1% o el 2%; los hay que aplican el 7%, el 9% o más. Algunos, incluso, piden comisiones de gestión. Tampoco todos logran que las hipotecas alarguen su plazo cuatro, cinco o seis años; los hay que ofrecen diez o más años de duración adicional, con lo que aumentan considerablemente el coste efectivo de las deudas.
A veces los intermediarios no refinancian a través de entidades financieras; recurren al capital privado, cuyos intereses superan a menudo el 25%. Hay quien dice haber visto intereses de hasta el 60%. Existen intermediarios que no cobran sólo por los servicios que prestan una vez que el particular, ante notario, ha logrado reunificar sus préstamos. También lo hacen sólo por estudiar “los problemas financieros” del cliente, aunque la operación no llegue a término.
No todos los intermediarios financieros son claros en sus ofertas; no hablan de que, en ocasiones, puede ser desaconsejable la reunificación si los gastos de notaría, registro, cancelación anticipada, nueva apertura de hipoteca?son lo suficientemente elevados.

Deuda en máximos

Que las familias españolas están cada vez más endeudadas no es un secreto. Tampoco que a una nmensa mayoría le cuesta llegar a fin de mes, más ahora que los tipos de interés oficiales han vuelto a subir hasta el 3,75% y que el Euríbor está en el 4,1%. Por eso no es de extrañar que más del 50% de la población de entre 25 y 64 años con una casa en propiedad esté pensando en reunificar sus deudas para mejorar su situación financiera, según el Estudio sobre el mercado hipotecario de la firma demoscópica Creed España.
Además de ser un estímulo para algunos desaprensivos, aprovechados o usureros, en palabras de las grandes asociaciones de consumidores y usuarios bancarios, de los llamados bancos tradicionales e incluso de las principales firmas del sector de la intermediación. Cuántos intermediarios financieros dedicados a la refinanciación de deudas hay en España es un misterio. Se habla de cientos y también de miles. A casi todos preocupa no sólo su número, sino su quehacer. Para empezar, a la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha abierto en torno a ellos una investigación de oficio ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
“Aún no hemos obtenido respuesta alguna de la Administración”, explica un portavoz, “pero creemos, y con nosotros el Colegio de Notarios, que, por pura prevención, para evitar males mayores, se debe regular este sector financiero”. “Estos intermediarios actúan como una empresa convencional, sin que su actividad se sujete a control administrativo, a pesar de que se deberían encuadrar dentro de aquellas de carácter financiero. Y han logrado captar un número de deudas importante y de ellas puede
depender la seguridad económica de muchas familias y pequeños negocios”, continúa.
Esta preocupación la comparten asociaciones como Adicae, que alerta de que muchas firmas de renegociación de deudas provocan gran inseguridad entre los consumidores por ofrecer condiciones abusivas en sus contratos, publicidad engañosa y altos costes. A su juicio, es necesaria y urgente una regulación que garantice la defensa de los derechos e intereses de sus clientes. No se acaban aquí las críticas y las reclamaciones de control, a ser posible por el Banco de España. Algunas de las grandes firmas de la intermediación han llegado más lejos.

Atajar la usura

Luis Javaloyes, director ejecutivo de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, ha remitido a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados una carta en la que textualmente señala que el fuerte crecimiento del sector de brokers financieros “ha generado la proliferación de una miríada de microempresas y agentes cuya actividad roza, en muchas ocasiones, la usura a través del engaño.
Esto nos ha llevado, junto a otras destacadas empresas del sector, a reclamar una regulación que obligue a todos a cumplir unas normas (que algunos ya nos hemos autoimpuesto) con el objeto no sólo de garantizar la transparencia en el servicio prestado, sino también de evitar situaciones de enriquecimiento ilícito a costa de un servicio lícito”. Desde Freedom Finance, Angel Bouzas avala esta idea, “cuanto antes se regule, mejor.
Hay que controlar la publicidad, las comisiones, las fuentes de financiación, la solvencia de las firmas, la imposibilidad de que tomen fondos prestados?”. La inquietud por la falta de control de estas entidades ha llegado al terreno político. El Senado ha instado al Gobierno a regular la intermediación financiera. Pero, por el momento, la oportunidad ha pasado de largo, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario. Según la Asociación Hipotecaria Española, “no se ha incorporado un mandato al Gobierno para que se regule adecuadamente la actividad de los intermediarios para evitar riesgos innecesarios a las familias, como se reclama”. La pelota está en el tejado de las Cortes.

EL PAÍS