ANAÍS BERDIÉ - Madrid -
La Comunidad de Madrid ha abierto expediente informativo a las compañías eléctricas para comprobar si hubo irregularidades en el cobro de la luz de los dos últimos meses, tras las numerosas quejas presentadas por los ciudadanos a las asociaciones de consumidores. Si así fuese, la Comunidad anuncia que podría iniciar expedientes sancionadores.
El problema viene del cambio en la facturación de la luz, que ha pasado a ser mensual. Dado que la lectura de los contadores se sigue haciendo cada dos meses, las eléctricas deben estimar lo que los ciudadanos han gastado en el primero. En enero, "un número considerable" de madrileños presentaron quejas por la "inusitada" cuantía de los recibos, según el gobierno regional. Esto se debe, como explica la asociación de consumidores FACUA, a que las eléctricas han incluido en enero (cuando ya tenían la lectura precisa de los contadores) la energía que no les cobraron el mes pasado. Pero en enero las tarifas se han actualizado. La Comunidad, por su parte, achaca parte del problema a la "poca claridad" del nuevo sistema de cobro para el usuario y acusa al Ministerio de Industria de realizar "cambios regulatorios que perjudican los intereses de los consumidores".
"Se está trabajando para ver si es posible que en los meses en que se actualicen las tarifas de la luz se haga la lectura en persona en lugar de estimada", adelantó ayer el Ministerio de Industria. Ya el pasado jueves, tras la denuncia hecha por FACUA, se reunió con las asociaciones de consumidores para indicarles que la resolución de las reclamaciones es una competencia de los órganos de las comunidades autónomas. También encargó a la Comisión Nacional de la Energía que abriera expediente informativo sobre la cuestión.
La asociación de consumidores ha calculado que, por cada 100 kilovatios consumidos en diciembre pero cobrados según la tarifa de enero, los ciudadanos podrían estar pagando entre 35 y 74 céntimos más, según el tipo de contrato. "Las consecuencias se hacen especialmente graves en el actual contexto de crisis", manifestaron ayer fuentes de la Consejería de Hacienda en una nota. La Dirección General de Consumo ha habilitado un teléfono (012) para reclamaciones.
El problema de fondo es el modo en que las compañías eléctricas estimaron el consumo que habían hecho los ciudadanos en el primer mes (ya que no tenían todavía la lectura de los contadores). Hay un procedimiento legal para hacer estimaciones de lecturas que consiste, básicamente, en comparar los consumos medios históricos. Pero las asociaciones de consumidores ponen en duda que el método seguido por las compañías estos primeros meses de aplicación de la nueva norma (en vigor desde el 1 de noviembre) se haya ajustado a la legalidad. FACUA señala además que, sean o no ilegales los métodos de cálculo, "deben devolver a los usuarios las cantidades cobradas de más".
En Andalucía, comunidad que también abrió un expediente de información a las compañías, Endesa se comprometió el viernes a dejar de aplicar el nuevo sistema de facturación con una reducción a la baja.
"Se está trabajando para ver si es posible que en los meses en que se actualicen las tarifas de la luz se haga la lectura en persona en lugar de estimada", adelantó ayer el Ministerio de Industria. Ya el pasado jueves, tras la denuncia hecha por FACUA, se reunió con las asociaciones de consumidores para indicarles que la resolución de las reclamaciones es una competencia de los órganos de las comunidades autónomas. También encargó a la Comisión Nacional de la Energía que abriera expediente informativo sobre la cuestión.
La asociación de consumidores ha calculado que, por cada 100 kilovatios consumidos en diciembre pero cobrados según la tarifa de enero, los ciudadanos podrían estar pagando entre 35 y 74 céntimos más, según el tipo de contrato. "Las consecuencias se hacen especialmente graves en el actual contexto de crisis", manifestaron ayer fuentes de la Consejería de Hacienda en una nota. La Dirección General de Consumo ha habilitado un teléfono (012) para reclamaciones.
El problema de fondo es el modo en que las compañías eléctricas estimaron el consumo que habían hecho los ciudadanos en el primer mes (ya que no tenían todavía la lectura de los contadores). Hay un procedimiento legal para hacer estimaciones de lecturas que consiste, básicamente, en comparar los consumos medios históricos. Pero las asociaciones de consumidores ponen en duda que el método seguido por las compañías estos primeros meses de aplicación de la nueva norma (en vigor desde el 1 de noviembre) se haya ajustado a la legalidad. FACUA señala además que, sean o no ilegales los métodos de cálculo, "deben devolver a los usuarios las cantidades cobradas de más".
En Andalucía, comunidad que también abrió un expediente de información a las compañías, Endesa se comprometió el viernes a dejar de aplicar el nuevo sistema de facturación con una reducción a la baja.
EL PAÍS, Lunes 2 de febrero de 2009
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