La Unión Europea tiene en cartera una directiva para unificar en los 27 países miembros los derechos de los compradores. Su impacto en las transacciones electrónicas es claro.
Entre 2006 y 2008 el número de consumidores europeos que compraron al menos un artículo en Internet pasó del 27% al 33%, pero sólo el 7% de ellos hicieron la compra en una tienda en línea de otro país europeo. Hay una serie de factores que frenan este comercio continental. Por parte del comprador, la desconfianza sobre la efectiva defensa de sus derechos ante un vendedor extranjero que los vulnere y el temor a que las reclamaciones o los reembolsos sean desatendidos, provocan que se retraiga.
Por parte de las empresas, el problema radica en tener que cumplir con 27 normativas distintas.
Un caso, en la venta de productos electrónicos, cada país tiene su propia normativa sobre eliminación de residuos de los aparatos abandonados y eso provoca que algunas empresas se lo piensen a la hora de vender en otros países porque desconocen qué obligaciones han de asumir para el reciclado de los aparatos obsoletos.
Las distintas normativas sobre el IVA o la diferente protección de los derechos de la propiedad intelectual (para descargas de música, por ejemplo) asustan al comerciante.
Entrar en mercados que no son los nacionales da miedo, a pesar de que Internet, en teoría, es un espacio sin fronteras.
Muchas leyes
La nueva directiva pretende unificar la información que debe darse sobre los precios y las tasas, y reforzar la protección del consumidor en caso de retraso en la entrega o de que no se haga efectiva. También fijará qué debe considerarse cláusulas abusivas, entre otras materias. Dará 14 días para renunciar a la compra, plazo que en España es ahora de una semana.
No sólo se trata de armonizar las distintas leyes nacionales.
La UE tiene en vigor cuatro directivas para la protección del consumidor que va a resumir en ésta. Son textos que fijan requisitos mínimos que cada Estado, de manera descoordinada, ha ido adaptando a las leyes nacionales, convirtiendo la legislación de la UE en un mosaico confuso.
Bruselas es consciente de la dificultad de armonizar las políticas de los estados. La semana pasada lo expuso la directora de Asuntos de los Consumidores, Jacqueline Minor, en una conferencia con la Agencia Catalana del Consumo.
Las agencias estatales tendrán que reforzar su coordinación para la persecusión de los fraudes. A veces, la resistencia de un país a perseguir una mala práctica comercial de una empresa nacional, tras la denuncia de otro país europeo, puede responder a una política de protección del fabricante doméstico. Aunque la directiva no fija las sanciones, siguen siendo competencia de los estados, lo importante es que se apliquen. "En un caso extremo, si la UE detectara resistencia de un país a sancionar a su industria por desatender la queja del comprador podríamos acudir al Tribunal de Estrasburgo y a la multa", comentó Minor. Minor admitió que Internet carece de fronteras y que esta iniciativa sólo será aplicable a los estados miembros.
Jordi Bacaria, presidente de la sección TIC del Colegio de Abogados de Barcelona, admite que más allá del territorio de la UE, la única manera de homologar los derechos del vendedor y del comprador en Internet en todos los países sería un acuerdo internacional que estandarizara las normas básicas. "En el ámbito de la protección de datos se está avanzando porque se trata de un derecho fundamental. Pero los derechos del consumidor no son un derecho fundamental y ahí la tentación de cada país de proteger su industria es obvia". "El concepto de cláusula abusiva, por ejemplo, puede querer decir cosas muy distintas en diferentes países", comenta
La directiva fijará una lista negra de cláusulas prohibidas en la UE y una lista gris en la que se enumerarán cláusulas que se consideran abusivas, salvo prueba en contrario.
La directiva prohibirá que aparezcan en la web del vendedor casillas premarcadas que ofrecen opciones más caras y que pasan desapercibidas. Tampoco podrá haber gastos ocultos cuando se oferte el producto. Un aspecto que preocupa, por ejemplo, a agencias de viajes en línea que sólo pueden fijar los gastos de gestión a la hora de concretar la compra, y no a la hora de anunciar el precio del viaje, porque deben conocer las características del mismo (compañía, fecha, número de viajeros...).
Por parte de las empresas, el problema radica en tener que cumplir con 27 normativas distintas.
Un caso, en la venta de productos electrónicos, cada país tiene su propia normativa sobre eliminación de residuos de los aparatos abandonados y eso provoca que algunas empresas se lo piensen a la hora de vender en otros países porque desconocen qué obligaciones han de asumir para el reciclado de los aparatos obsoletos.
Las distintas normativas sobre el IVA o la diferente protección de los derechos de la propiedad intelectual (para descargas de música, por ejemplo) asustan al comerciante.
Entrar en mercados que no son los nacionales da miedo, a pesar de que Internet, en teoría, es un espacio sin fronteras.
Muchas leyes
La nueva directiva pretende unificar la información que debe darse sobre los precios y las tasas, y reforzar la protección del consumidor en caso de retraso en la entrega o de que no se haga efectiva. También fijará qué debe considerarse cláusulas abusivas, entre otras materias. Dará 14 días para renunciar a la compra, plazo que en España es ahora de una semana.
No sólo se trata de armonizar las distintas leyes nacionales.
La UE tiene en vigor cuatro directivas para la protección del consumidor que va a resumir en ésta. Son textos que fijan requisitos mínimos que cada Estado, de manera descoordinada, ha ido adaptando a las leyes nacionales, convirtiendo la legislación de la UE en un mosaico confuso.
Bruselas es consciente de la dificultad de armonizar las políticas de los estados. La semana pasada lo expuso la directora de Asuntos de los Consumidores, Jacqueline Minor, en una conferencia con la Agencia Catalana del Consumo.
Las agencias estatales tendrán que reforzar su coordinación para la persecusión de los fraudes. A veces, la resistencia de un país a perseguir una mala práctica comercial de una empresa nacional, tras la denuncia de otro país europeo, puede responder a una política de protección del fabricante doméstico. Aunque la directiva no fija las sanciones, siguen siendo competencia de los estados, lo importante es que se apliquen. "En un caso extremo, si la UE detectara resistencia de un país a sancionar a su industria por desatender la queja del comprador podríamos acudir al Tribunal de Estrasburgo y a la multa", comentó Minor. Minor admitió que Internet carece de fronteras y que esta iniciativa sólo será aplicable a los estados miembros.
Jordi Bacaria, presidente de la sección TIC del Colegio de Abogados de Barcelona, admite que más allá del territorio de la UE, la única manera de homologar los derechos del vendedor y del comprador en Internet en todos los países sería un acuerdo internacional que estandarizara las normas básicas. "En el ámbito de la protección de datos se está avanzando porque se trata de un derecho fundamental. Pero los derechos del consumidor no son un derecho fundamental y ahí la tentación de cada país de proteger su industria es obvia". "El concepto de cláusula abusiva, por ejemplo, puede querer decir cosas muy distintas en diferentes países", comenta
La directiva fijará una lista negra de cláusulas prohibidas en la UE y una lista gris en la que se enumerarán cláusulas que se consideran abusivas, salvo prueba en contrario.
La directiva prohibirá que aparezcan en la web del vendedor casillas premarcadas que ofrecen opciones más caras y que pasan desapercibidas. Tampoco podrá haber gastos ocultos cuando se oferte el producto. Un aspecto que preocupa, por ejemplo, a agencias de viajes en línea que sólo pueden fijar los gastos de gestión a la hora de concretar la compra, y no a la hora de anunciar el precio del viaje, porque deben conocer las características del mismo (compañía, fecha, número de viajeros...).
EL PAÍS, Jueves 26 de marzo de 2009
