J. Y. / G. D. - Madrid / Jaén -El Gobierno y expertos no creen comparable el escándalo de la colza de los años ochenta y la posible adulteración de aceite de girasol conocida ayer. Para empezar, por la magnitud de los daños: al menos 25.000 afectados y unos 600 muertos en España por la colza, frente a unas cantidades que no se consideran muy tóxicas en el caso actual. Ahora bien, los fantasmas del pasado venían ayer a la memoria de muchos españoles.
Jaime Vaquero García fallecía el 27 de abril de 1981 en Torrejón de Ardoz (Madrid) afectado por una enfermedad a la que habían bautizado como "neumonía atípica". Tenía ocho años. El 1 de mayo, ya se hablaba de epidemia y una semana más tarde seis personas habían muerto y otras 150 estaban enfermas sólo en la provincia de Madrid. En los momentos iniciales, el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, de la Unión de Centro Democrático (UCD), atribuyó el mal a "un bichito" que "si se caía se mataba".
Pero la causa de la enfermedad, que al poco tiempo era conocida como "síndrome tóxico", no era un bichito, sino, como se demostró después, la codicia. Aceiteros sin escrúpulos habían desviado al consumo humano aceite de colza desnaturalizado con anilinas para uso industrial.
Seis años después, el 30 de marzo de 1987, se inició en la Audiencia Nacional el juicio contra 38 empresarios del aceite que fueron acusados del envenenamiento masivo. El juicio duró un año y tres meses, y el magistrado Siro García, tardó casi un año en redactar la sentencia. El 20 de mayo de 1989, 13 aceiteros fueron condenados con penas que oscilaban entre los seis meses de arresto y 20 años de prisión. Sin embargo, la condena definitiva no llegó hasta el 26 de septiembre de 1997, ¡más de 16 años después del inicio del envenenamiento! Hasta el momento, el Estado ha abonado 2.374 millones de euros a las víctimas.
Años más tarde, otro aceite, el de orujo, fue protagonista de una falsa alarma. El 3 de julio de 2001 la entonces ministra de Sanidad y Consumo, la popular Celia Villalobos, decretó la alerta sanitaria y la inmovilización de 30.000 toneladas de aceite de orujo por entender que se había mezclado con benzopireno. Sin embargo, en julio del pasado año el Tribunal Supremo sentenció declarando injustificada y desproporcionada la incautación por Sanidad.
Los productores valoraron en 90 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la crisis del benzopireno, a consecuencia de la pérdida de mercados para el aceite de orujo (estimaron una caída del 60%). Antes de que llegara esa sentencia, varias autonomías fueron condenadas a pagar indemnizaciones millonarias a empresarios del sector al ser ellas las competentes para ejecutar la alerta sanitaria. Fernando Muñoz, presidente de la patronal del sector ANEO, ha asegurado que "después de casi siete años, muchas cadenas de distribución siguen reacias a poner el aceite de orujo en sus estanterías".
Pero la causa de la enfermedad, que al poco tiempo era conocida como "síndrome tóxico", no era un bichito, sino, como se demostró después, la codicia. Aceiteros sin escrúpulos habían desviado al consumo humano aceite de colza desnaturalizado con anilinas para uso industrial.
Seis años después, el 30 de marzo de 1987, se inició en la Audiencia Nacional el juicio contra 38 empresarios del aceite que fueron acusados del envenenamiento masivo. El juicio duró un año y tres meses, y el magistrado Siro García, tardó casi un año en redactar la sentencia. El 20 de mayo de 1989, 13 aceiteros fueron condenados con penas que oscilaban entre los seis meses de arresto y 20 años de prisión. Sin embargo, la condena definitiva no llegó hasta el 26 de septiembre de 1997, ¡más de 16 años después del inicio del envenenamiento! Hasta el momento, el Estado ha abonado 2.374 millones de euros a las víctimas.
Años más tarde, otro aceite, el de orujo, fue protagonista de una falsa alarma. El 3 de julio de 2001 la entonces ministra de Sanidad y Consumo, la popular Celia Villalobos, decretó la alerta sanitaria y la inmovilización de 30.000 toneladas de aceite de orujo por entender que se había mezclado con benzopireno. Sin embargo, en julio del pasado año el Tribunal Supremo sentenció declarando injustificada y desproporcionada la incautación por Sanidad.
Los productores valoraron en 90 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la crisis del benzopireno, a consecuencia de la pérdida de mercados para el aceite de orujo (estimaron una caída del 60%). Antes de que llegara esa sentencia, varias autonomías fueron condenadas a pagar indemnizaciones millonarias a empresarios del sector al ser ellas las competentes para ejecutar la alerta sanitaria. Fernando Muñoz, presidente de la patronal del sector ANEO, ha asegurado que "después de casi siete años, muchas cadenas de distribución siguen reacias a poner el aceite de orujo en sus estanterías".
EL PAÍS, Sábado 26 de abril de 2008
Imagen: El País
